La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha denunciado hoy el «oscurantismo, la opacidad y el amiguismo» con los que, a su juicio, está actuando el Gobierno de Natalia Chueca en relación con la gestión del Spa de Ranillas, un asunto que ha motivado la citación judicial de Chueca, el presidente de Aragón Jorge Azcón y la presidenta de las Cortes de Aragón María Navarro. Una citación publicada por la prensa a comienzos del mes de julio y por la que Chueca todavía no ha dado explicaciones.
De ahí que Lola Ranera haya pedido hoy la comparecencia de Chueca en el pleno del mes de julio donde ha criticado que la alcaldesa haya dedicado «más esfuerzos a ocultar los expedientes que a explicar qué ocurrió realmente». «Lo que más preocupa ya no son solo las resoluciones judiciales, sino el empeño del Gobierno municipal en impedir que la oposición conozca la documentación y ejerza su función de control», ha afirmado.
Ranera ha recordado que el PSOE solicitó la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces tras conocerse el emplazamiento judicial a la alcaldesa de Zaragoza, al presidente del Gobierno de Aragón y a la presidenta de las Cortes en el procedimiento concursal relacionado con el Spa de Ranillas. Sin embargo, el Gobierno municipal no ha dado explicaciones ni ha entregado la documentación solicitada.
Ante esa negativa, el Grupo Socialista acudió a los tribunales para defender su derecho fundamental de acceso a la información pública y al ejercicio de la función representativa de los concejales. Además, la portavoz socialista ha recordado que existen ya tres resoluciones judiciales que afectan directamente a decisiones adoptadas por el Ayuntamiento durante la gestión de la concesión.
En primer lugar, los tribunales declararon nulo el acuerdo relativo a la licencia de funcionamiento. En segundo lugar, también fue declarado nulo el acuerdo del Gobierno municipal que impedía a la concesionaria hipotecar la concesión pese a que esa posibilidad estaba prevista en los pliegos y en la legislación de contratación pública. Finalmente, el Ayuntamiento ha sido condenado por incumplir un mandato firme del Juzgado de lo Mercantil para subrogar a la plantilla, lo que ya ha supuesto condenas económicas derivadas de ese incumplimiento. «Estamos hablando de decisiones municipales que han sido anuladas una tras otra por los tribunales. Lo mínimo exigible es que la alcaldesa dé explicaciones y facilite toda la documentación», ha señalado.
Para el PSOE, la negativa continuada a entregar los expedientes solo alimenta las dudas sobre la actuación del Gobierno municipal. «¿Por qué ocultan la información? ¿Qué esconden? ¿A quién están protegiendo?», ha preguntado Ranera, quien ha insistido en que el Grupo Socialista no prejuzga el contenido de los expedientes, sino que exige poder conocerlos para comprobar sobre qué informes se adoptaron unas decisiones posteriormente anuladas por los tribunales.
La portavoz socialista también ha reclamado explicaciones sobre la aparición, pocos días después de una de esas decisiones municipales, de una propuesta presentada por el empresario Juan Forcén para hacerse con la explotación del Spa de Ranillas por una cantidad muy inferior a la inicial. «No afirmamos ninguna ilegalidad. Precisamente por eso queremos acceder a los expedientes y conocer toda la documentación. La transparencia es la única forma de despejar cualquier duda», ha subrayado.
Ranera ha denunciado además que el Gobierno municipal está vulnerando el principio de igualdad entre concejales al impedir que la oposición acceda a información que sí maneja el Ejecutivo municipal. «Los concejales de la oposición tenemos exactamente los mismos derechos de acceso a la información que los concejales del Gobierno. No puede haber expedientes reservados para unos y ocultos para otros», ha afirmado.
La portavoz socialista ha concluido asegurando que el PSOE continuará defendiendo en los tribunales el derecho de acceso a la información pública y exigiendo transparencia. «Este Ayuntamiento no puede convertirse en un cortijo ni en el Ayuntamiento de los negocios del Partido Popular. La calidad democrática se defiende con transparencia, con rendición de cuentas y dando explicaciones, no escondiendo expedientes cuando la Justicia ya ha declarado nulas varias decisiones municipales», ha concluido.
