Zaragoza, 1 de octubre de 2026.- La portavoz socialista Lola Ranera, acompañada por la concejal Ros Cihuelo, ha reclamado hoy a Natalia Chueca que exija al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que cumpla la Ley de Vivienda y declare Zaragoza y a aquellos barrios que cumplan los requisitos como zonas de mercado residencial tensionado, ante el incremento de los precios de compra y alquiler y la creciente dificultad de las familias y los jóvenes para acceder a una vivienda.
Ranera ha recordado que en el Pleno de ayer, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de urgencia para debatir el auténtico problema de la vivienda, “un problema real que existe en la sociedad y que nos lo están trasladando desde las calles, desde las distintas movilizaciones sociales, por lo que debe ocupar el centro de la acción de las administraciones públicas, que deben de actuar de forma coordinada”. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de Natalia Chueca, apoyado por la ultraderecha, impidiera el debate de la moción socialista, “solo por tacticismo político”.
Ranera ha recordado que desde que Chueca llegó a la Alcaldía, el precio de compra ha aumentado un 37% y el alquiler un 32%. “En la actualidad, comprar una vivienda nos cuesta 50.000 euros más, pero es que alquilar una vivienda de media en esta ciudad nos cuesta 240 euros más al mes”, ha asegurado.
Por ello, Chueca no tiene que pensar ni en Feijóo ni en Azcón, tiene que pensar en la ciudadanía” y debe exigir al Gobierno de Aragón que de los pasos necesarios para declarar Zaragoza como zona tensionada para afrontar la presión de los precios, ha incidido.
La portavoz socialista ha defendido que esta declaración permitiría aplicar las herramientas previstas por la legislación estatal para actuar sobre el mercado del alquiler, mejorar la protección de los inquilinos y reforzar los incentivos para que los propietarios destinen sus viviendas al alquiler asequible. “La vivienda es un problema de la gente, de los ciudadanos, es un problema de hogares, es un problema de familias”, ha afirmado.
Ante esta situación, Ranera ha reclamado al Gobierno de Chueca que conozca con precisión la dimensión del mercado residencial de la ciudad y ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado tres preguntas por escrito dirigidas al PP para conocer cuántas viviendas vacías existen actualmente en Zaragoza y qué medidas prevé el Ayuntamiento para incorporarlas al mercado residencial; cuántas viviendas de uso turístico existen en la ciudad, tanto legales como aquellas que el propio Consistorio considera ilegales; y cuántas viviendas están actualmente en manos de fondos de inversión.
La portavoz socialista ha defendido también que el patrimonio público debe destinarse prioritariamente a incrementar el parque de vivienda pública. “El suelo público para vivienda pública asequible, y no para venta y hacer caja”, ha reivindicado. “Estamos acabando con el mejor patrimonio que tiene esta ciudad, que es su suelo público, que en estos momentos debería resolver el gran problema que tenemos en este país y también en Zaragoza, que es la vivienda pública”, ha señalado.
Ranera ha recordado que durante el mandato socialista de Juan Alberto Belloch, entre 2003 y 2007, “se pusieron en marcha la cifra histórica de más de 10.000 viviendas públicas”.
La portavoz socialista ha resumido las principales propuestas de la moción que el PSOE pretendía debatir en el Pleno: respaldar los dos reales decretos de vivienda que deben ser convalidados por el Congreso; que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de Aragón la declaración de Zaragoza como zona tensionada; actualizar y publicar un protocolo municipal de actuación ante posibles situaciones de riesgo de desahucio; y destinar el suelo público a vivienda pública y asequible.
Por su parte, la concejal socialista Ros Cihuelo ha incidido en la dimensión europea de la crisis de vivienda y ha defendido que las medidas impulsadas por el Gobierno de España se enmarcan en la estrategia de la Unión Europea. “El gravísimo problema de vivienda que estamos teniendo en nuestra ciudad no es un problema de España, sino que es un problema de toda Europa”, ha señalado.
Por ello, ha dejado claro que “el PP de Chueca, si boicotea estas medidas, no va contra el Gobierno central, va contra la Unión Europea. Y eso significa que a lo mejor no va a recibir otros fondos europeos y que está dando la espalda a la marea regulatoria europea que exige proteger a los ciudadanos”.
Cihuelo ha recordado que la Comisión Europea contempla la movilización de 375.000 millones de euros por parte de instituciones financieras asociadas hasta 2029 para inversiones relacionadas con vivienda social, asequible y sostenible. “Estos reales decretos no son una ocurrencia. Es la respuesta que da el Gobierno de España al mandato social que hace la propia Unión Europea”, ha afirmado.
En este sentido, la concejal socialista ha defendido que el objetivo debe ser garantizar que las familias y los jóvenes puedan acceder a una vivienda sin que el coste de la misma absorba una parte desproporcionada de sus ingresos.
“Para el Gobierno de España y para el Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza, hacer de nuestra ciudad una ciudad europea significa garantizar que ninguna familia, que ningún joven tenga que destinar más del 30% de su sueldo a pagar un alquiler o a pagar una hipoteca”, ha señalado.
La concejal socialista ha criticado que el Gobierno de Chueca no esté utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la presión residencial. “La derecha y la ultraderecha han decidido ir siempre a favor de los intereses del mercado inmobiliario, de los fondos buitre, en lugar de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza”, ha lamentado.
Ante esta situación, ha defendido que las administraciones locales deben actuar sobre fenómenos como el alquiler turístico y la reducción de la oferta de vivienda habitual. El Real Decreto-ley 26/2026 incorpora precisamente medidas sobre alquileres de temporada y de habitaciones y establece garantías específicas en las zonas de mercado residencial tensionado.
Cihuelo ha concluido reclamando que Zaragoza se sitúe en la primera línea de las políticas públicas de vivienda y ha advertido al Gobierno de Chueca de que las decisiones que adopte tendrán un impacto directo sobre el acceso de las familias y los jóvenes a la vivienda.
