- El concejal socialista, Horacio Royo, denuncia la situación generada por el gobierno del PP con decisiones que han sido anuladas por los tribunales con costes económicos para el Ayuntamiento. Además, Royo denuncia que existe un “patrón” en la gestión de Chueca con los casos del Parque de Atracciones o Giesa
Zaragoza, 17 de julio de 2026.- El concejal socialista, Horacio Royo, ha exigido hoy al Gobierno de Natalia Chueca que dé explicaciones por la gestión del spa municipal después de que las sucesivas resoluciones judiciales hayan cuestionado las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento, anulando actuaciones que, según los tribunales, fueron contrarias a Derecho. Royo había solicitado la comparecencia en Comisión del consejero Ángel Lorén tras conocer la citación judicial de todos los miembros del Gobierno por una decisión llevada a cabo en 2022 con respecto a la empresa concesionaria del spa de Ranillas.
Durante el debate, el concejal socialista Horacio Royo ha asegurado que «lo que estamos conociendo es apenas la punta del iceberg» de un asunto de «extraordinaria gravedad» que, a su juicio, refleja «una manera de actuar chapucera, autoritaria y permanentemente preocupante en su relación con determinados empresarios».
Royo ha recordado que todas las principales decisiones adoptadas por el Gobierno municipal en este procedimiento han sido anuladas judicialmente y ha reclamado explicaciones sobre las razones que llevaron al Ayuntamiento a denegar la autorización para hipotecar la concesión del spa, una operación de financiación de 3,5 millones de euros que posteriormente fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
«El Tribunal Superior de Justicia ha dejado claro que la autorización para hipotecar la concesión era un acto reglado y que el Ayuntamiento la denegó de manera arbitraria. Esa decisión fue la que abocó a la empresa al concurso de acreedores y, posteriormente, a la reversión de la concesión», ha señalado.
El concejal socialista también ha rechazado las acusaciones vertidas por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, sobre la actuación de la oposición durante la tramitación administrativa del expediente. Royo ha explicado que en el Consejo de Gerencia de Urbanismo votó en función de la información que le trasladaron los servicios municipales y ha recordado que posteriormente los tribunales determinaron que aquella decisión estaba sustentada en hechos que no se correspondían con la realidad.
«Lo que ustedes llevaron al Consejo de Gerencia estaba basado en una mentira. Eso no lo digo yo; lo han dicho el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón», ha afirmado.
Asimismo, Royo ha denunciado que el Ayuntamiento incumplió la resolución del Juzgado de lo Mercantil que obligaba a subrogar a la plantilla del spa, una actuación que derivó en condenas judiciales, en el pago de salarios y en una sanción de la Inspección de Trabajo.
«No solo han visto anuladas todas sus decisiones por los tribunales, sino que además desobedecieron una resolución judicial sobre la subrogación de los trabajadores, hasta el punto de que la Tesorería General de la Seguridad Social tuvo que darles de alta de oficio», ha criticado.
Durante su intervención, el concejal socialista también ha advertido de que la evolución del expediente del spa guarda similitudes con otras operaciones relacionadas con concesiones municipales. En este sentido, ha señalado que la concesión, valorada en más de 11 millones de euros cuando se autorizó su hipoteca en 2018, acabó siendo objeto de una oferta, realizada por Juan Forcén, cercana a los cuatro millones tras la reversión.
«Cuando una concesión valorada en más de once millones termina pudiendo adjudicarse por cuatro, y ahora vemos situaciones similares en otras concesiones municipales, es lógico preguntarse si estamos ante una simple casualidad o ante un patrón de actuación», ha señalado.
En ese sentido, Royo ha recordado que una situación similar se vive ahora con el Parque de Atracciones de Zaragoza donde tras valorarse en 2´6 millones los activos, ahora una empresa argentina quiere quedárselos por 700.000 euros, o lo sucedido en Giesa con una adjudicación a dedo.
Para concluir, Horacio Royo ha reclamado al Gobierno municipal que deje de intentar desviar el debate y asuma responsabilidades políticas por una gestión que, según ha afirmado, puede causar un grave perjuicio a las arcas públicas. «Los intereses municipales se defendían manteniendo viva la concesión, que era su obligación. Lo que han hecho ha sido defender únicamente sus propios intereses. Ya no sirven las cortinas de humo: los hechos probados por los tribunales hablan por sí solos».
