Zaragoza, 20 de agosto de 2026.- La concejal socialista Ros Cihuelo ha considerado “muy preocupante” que el Gobierno de Aragón haya acordado iniciar un procedimiento sancionador contra Mémora por un presunto abuso de posición dominante en la gestión del complejo funerario de Torrero, algo que, según ha recordado, confirma que las advertencias de los socialistas “no eran exageradas”, por lo que ha exigido al Gobierno de Natalia Chueca que “de explicaciones y asuma su responsabilidad”.
“Lo que está ocurriendo en Torrero confirma algo que el PSOE ya advirtió en febrero: entregar durante 30 años la gestión de un equipamiento público esencial a una gran empresa privada podía generar precisamente este tipo de situaciones. No estábamos haciendo demagogia ni exagerando. Estábamos alertando de un riesgo real para la competencia, para las pequeñas funerarias y, sobre todo, para las familias”, ha señalado Cihuelo.
La concejal socialista ha recordado que ya en febrero de este año el PSOE denunció que el Gobierno de Chueca había convertido “un servicio público esencial en un negocio y la muerte en un valor de mercado”, algo que el PSOE ya denunció ante El Justicia de Aragón y que, a fecha de hoy, Chueca sigue incumpliendo con su obligación de responder a dicho requerimiento.
“Ahora es el propio Gobierno de Aragón, a través de su Servicio de Defensa de la Competencia, el que aprecia indicios racionales y suficientes de un posible abuso de posición dominante. Estamos hablando de posibles condiciones arbitrarias y desproporcionadas, restricciones de acceso a las instalaciones, prohibiciones a las funerarias externas, compra obligatoria de determinados productos o incrementos de tarifas. Son cuestiones extraordinariamente graves que no pueden despacharse como un simple conflicto entre empresas privadas”, ha considerado.
Ante esta situación, Cihuelo ha subrayado que “el Ayuntamiento de Zaragoza no puede mirar hacia otro lado”, porque fue el Gobierno de Chueca el que decidió adjudicar, mediante concesión demanial, durante 30 años la gestión del complejo funerario de Torrero. “Chueca no puede decir ahora que esto es un problema entre empresas. El origen de esta situación está en una decisión política del Ayuntamiento: privatizar la gestión de un servicio público y concentrarla en una sola empresa”, ha insistido.
Por ello, ha dejado claro que “si esa decisión está generando problemas de competencia, encarecimiento de servicios y dificultades para que otras funerarias puedan trabajar, el Gobierno del PP tiene que intervenir y defender el interés general”.
Cihuelo ha recordado además que el PSOE ya alertó de los incrementos de precios que acompañaron al nuevo modelo de gestión. “Advertimos de subidas que llegaban a multiplicar por dos o incluso por tres determinados servicios. Tuvimos que denunciar que una sala de despedida pasara de 41 euros a 120 y que una sala de ceremonias en horario especial alcanzara los 250 euros. El Ayuntamiento tuvo que rectificar parcialmente después de la presión pública. ¿Cuántas veces más tiene que intervenir la oposición o la propia sociedad para que el Gobierno de Chueca entienda que esto no es un negocio cualquiera?”, Se ha preguntado.
Para la concejal socialista, “cuando hablamos de servicios funerarios estamos hablando de personas que se encuentran en uno de los momentos más dolorosos y vulnerables de sus vidas”. “Una familia que acaba de perder a un ser querido no está en condiciones de negociar de igual a igual ni de comparar tranquilamente las condiciones del mercado. Por eso, los servicios funerarios requieren una especial protección pública, transparencia y garantías de competencia. No podemos permitir que el duelo se convierta en una oportunidad de negocio a costa de las familias”, ha defendido.
Ros Cihuelo también ha mostrado su preocupación por la situación de las pequeñas funerarias zaragozanas. “Hay decenas de empresas familiares, muchas de ellas con generaciones de experiencia, profesionales cualificados y una relación de confianza con las familias de nuestra ciudad. No podemos aceptar que se vean relegadas a la condición de meros proveedores de una gran concesionaria o que se les impida desarrollar su actividad en un equipamiento que sigue siendo municipal”, ha señalado.
Asimismo, Cihuelo ha reclamado al Gobierno de Chueca que colabore con el expediente abierto por el Gobierno de Aragón y que facilite toda la información necesaria para esclarecer los hechos. “Esperamos que Chueca no se limite a esperar a ver qué ocurre. Queremos que explique qué controles ha realizado desde el inicio de la concesión, qué conocimiento tenía de este protocolo y de las condiciones aplicadas a las funerarias externas y qué medidas piensa adoptar para garantizar que el Cementerio y el Tanatorio de Torrero sigan siendo un servicio al conjunto de la ciudadanía”, ha indicado.
La edil socialista ha pedido que se garantice la libertad de elección de las familias, el acceso en condiciones de igualdad de las empresas funerarias y unas tarifas transparentes, proporcionadas y controladas. “Lo dijimos en febrero y hoy lo reiteramos con más fuerza: la muerte no puede convertirse en un mercado cautivo. El Gobierno de Chueca no puede entregar un servicio público durante 30 años y después desentenderse de lo que ocurre dentro. Si la investigación de la DGA termina acreditando las prácticas que ahora se están investigando, Chueca tendrá que asumir responsabilidades políticas y corregir de inmediato un modelo que el PSOE lleva meses denunciando”, ha concluido Cihuelo.
