Zaragoza, 11 de marzo de 2026.- La concejal socialista Ros Cihuelo ha alertado hoy de que la política de vivienda que está llevando a cabo Jorge Azcón y Natalia Chueca hace “inaccesible” la vivienda protegida en Zaragoza, priorizando que se construya “a toda costa” y defendiendo la rentabilidad del promotor. Para Cihuelo, el modelo que está impulsando el Partido Popular “debilita el control público, sube los precios y, por lo tanto, va en la dirección contraria a la esencia misma de lo que debe ser la vivienda protegida”.
La edil socialista, que se ha hecho eco del último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre VPO que viene a decirle a Azcón y a Chueca que “así, no”, ha explicado que la subida por parte del Gobierno de Aragón de casi el 10% del módulo de vivienda protegida ha supuesto que cueste ahora 220.000 euros de media y 880 euros si es en alquiler, precios por encima de comunidades vecinas como Cataluña, Navarra o País Vasco. “Es sangrante que en Zaragoza estemos pagando más del doble en alquiler de vivienda protegida de lo que se paga en el País Vasco”, ha señalado.
En concreto, el Gobierno de Azcón fijó en 2025 en 1.845,94 euros el metro cuadrado útil en régimen general y en 2.076,69 en vivienda protegida tasada. Ello significa que una VPO en Zaragoza de 80 metros útiles, tenga un coste de 147.600 euros, a lo que hay que sumar el IVA, la plaza de garaje y el trastero, lo que hace que supere los 220.000 euros de coste final. “¿Le podemos seguir llamando vivienda protegida asequible cuando cuesta más de 200.000 euros?”, se ha preguntado.
Pero, además, el precio de la alquiler asequible ya está, en algunos casos, por encima de los 11 euros el metro cuadrado en Zaragoza, llegando a pagar 880 euros al mes, muy por encima de otras comunidades autónomas, como Cataluña, en el que la vivienda protegida en venta, más o menos tiene el mismo precio que en la ciudad, pero el alquiler asequible municipal está por debajo, a 10 euros/m2. Es decir, en Barcelona el precio del alquiler de una vivienda protegida es de 800 euros.
En el caso de Navarra, en venta está por debajo de los 1.700 euros el metro cuadrado, mientras que el alquiler protegido está a 6-7 euros, con lo que se paga 480 euros al mes. Y, finalmente, el País Vasco, el precio de la vivienda de alquiler asequible está a 5 euros/m², pagando entre 300 y 400 euros. “En Zaragoza estamos pagando por el alquiler de vivienda protegida, la que está hecho con el dinero de todos los ciudadanos, más del doble que en Navarra, lo que es intolerable”, ha enfatizado.
Cihuelo ha destacado que el último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón “pone en evidencia que el PP no garantiza la transparencia y la accesibilidad a la VPO, sin saber con qué criterios se adjudica y de qué manera se gestiona, ya que el Gobierno de Aragón cede esa gestión a los promotores privados”. Y en la misma línea se ha pronunciado la Justicia de Aragón, que recomienda también facilitar que todas las promociones de vivienda protegida estén publicitadas y que la adjudicación se lleve a cabo a través de los principios de publicidad y de objetividad.
“El consejero de Vivienda del Gobierno de Azcón, cuando anunció el aumento del precio del módulo de la vivienda protegida, dijo que había que garantizar la rentabilidad del promotor aunque pudiera suponer elevar el precio al ciudadano”, ha recordado. Sin embargo, ha criticado que “el actual sistema que viene haciendo el tándem Azcón-Chueca en cuanto a vivienda protegida hace que la ciudadanía ya no la perciba como una solución para poder tener acceso a un hogar, sino como una variante más del mercado libre, que está además financiado con subvenciones del dinero público de todos”.
En definitiva, ha señalado, “una doble financiación que, en la práctica, vendría a ser lo que llamaríamos una transferencia del dinero público a la empresa privada”. Por lo tanto, el propio informe de la Cámara de Cuentas de Aragón lanza esta advertencia a Azcón y Chueca sobre la gestión de la vivienda protegida: “así, no”, ha subrayado. Y es que, se ha preguntado, “¿a quién protege ahora mismo el parque de vivienda protegida? ¿Al promotor o al ciudadano? Está claro que al ciudadano no”.
El problema, ha incidido, es que el modelo que está impulsando el Partido Popular va en la dirección contraria de lo que se debe garantizar en la vivienda protegida. “Programas como el famoso Más Vivienda permiten que sean los propios promotores quienes gestionan la adjudicación de viviendas protegidas. Ello provoca que se debilite el control público y se genere un modelo mucho menos transparente, lo cual permite que siga habiendo especulación incluso en la vivienda protegida”, ha apuntado.
Frente a ello, desde el Partido Socialista se defiende un parque público de vivienda fuerte, estable y garantista que esté gestionado desde lo público a través de Zaragoza Vivienda, que asegure la igualdad de acceso, con criterios públicos claros y que esas viviendas sigan cumpliendo su función de asequible de manera permanente.
“Zaragoza Vivienda ha sido siempre la herramienta para poder garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. Ahora se ha debilitado tanto por las políticas de Azcón y de Chueca, que se ha quedado principalmente como gestora de ayudas”, ha lamentado, apostando claramente por ella.
Cihuelo ha subrayado que “la vivienda, sobre todo la protegida, no está para equilibrar balances empresariales de ningún promotor, está para proteger a las personas. La política de vivienda debe acompañar a la ciudadanía en todos los momentos de su vida: cuando una persona joven quiere emanciparse, cuando una familia atraviesa una separación con menores a su cargo y necesita estabilidad para esos menores o cuando una persona mayor quiere cambiar una vivienda más adecuada a su situación y a su nueva etapa. El urbanismo y la vivienda son herramientas con las que se construye ciudad, convivencia, identidad. Desde el PSOE creemos en ese modelo de ciudad que garantiza los derechos, que genera cohesión y que piensa en las personas y en todos sus proyectos vitales”.
“El problema es que el Partido Popular de Chueca y Azcón entienden el urbanismo de otra manera: la de rellenar parcelas y dejar la vivienda en manos del mercado, incluso en el caso de la vivienda protegida, bajo un supuesto e ineficaz paraguas buenista que se subvenciona doblemente con dinero público de los ciudadanos”, ha continuado.
Por último, Cihuelo ha insistido en que “desde el Partido Socialista creemos que Zaragoza merece mucho más que eso, que la vivienda debe ser un derecho protegido, garantizado con políticas públicas fuertes, valientes y decididas, con transparencia, por supuesto, y con un parque público de vivienda que permita regular el precio del mercado”. En este sentido, ha anunciado que el PSOE está trabajando en un paquete de medidas para garantizar y proteger el acceso de todos los zaragozanos a la vivienda protegida y no para organizar negocios inmobiliarios. “La vivienda no puede ser un activo financiero, es un derecho”, ha concluido.
