Zaragoza, 27 de febrero de 2026.- El concejal socialista Chema Giral ha alertado hoy que la “claudicación” de la alcaldesa Natalia Chueca ante las tesis negocionistas del cambio climático de VOX para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento al cargarse ‘de facto’ la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) puede llevar a la subida del billete del autobús y el tranvía por la pérdida de ayudas estatales al transporte público vinculadas a su implantación. Pero además, esta decisión va en contra de la salud de todos los ciudadanos y de la calidad del aire que respiramos, “algo muy preocupante”.
“No puede decir que en el 2023 Zaragoza va a ser una ciudad climáticamente neutra y se dedique a fulminar la ZBE y a talar árboles”, ha señalado Giral, al considerar que se trata de “una nueva mentira” de las que nos tiene ya acostumbrados Chueca. “Ya nos mintió cuando nos dijo que la Romareda no iba a costar un solo euro a las arcas públicas y ya vamos por 200 millones; y nos mintió hace un mes diciendo que se abría a la posibilidad de estudiar la segunda línea del tranvía y ayer mismo en el pleno votó en contra de esa posibilidad”.
Giral ha lamentado “el vodevil” y la “opereta” de PP y VOX durante las últimas semanas para llegar a un acuerdo de presupuestos, “intentando vender a los ciudadanos las diferencias entre ambos cuando en realidad son iguales” pero ha considerado “muy grave y preocupante” que las derechas hayan llegado a este pacto eliminando la ZBE.
“Todos conocemos la posición negacionista sobre el cambio climático que tiene Vox, algo muy difícil de explicar viendo lo que sucede en el mundo habitualmente y en nuestro país, con la DANA de Valencia, las recientes inundaciones en Grazalema o incluso en Zaragoza, cuando en el 2023 sufrimos las inundaciones en el Barranco de la Muerte, en la Z-30, o las temperaturas extremas a las que estamos llegando todos los veranos, superando más de 40 grados durante varias semanas”, ha explicado Giral. Por todo ello, el edil socialista ve con “enorme preocupación” que Chueca acepte los “postulados negacionistas” de la ultraderecha para cargarse ‘de facto’ la ZBE y llegar a un acuerdo presupuestario.
Giral ha considerado que “la calidad del aire no tiene ideología, no debe ser una cuestión de izquierdas o de derechas; por eso, nos parece especialmente grave que Natalia Chueca haya aceptado estas tesis negacionistas del cambio climático de Vox con un elemento como son las ZBE, algo que no deja de ser una actuación que pretende que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se reduzcan los efectos contaminantes que produce el tráfico en las ciudades”.
Si no fuera por lo preocupante del tema, ha dicho Chema, esta decisión la veríamos incluso “cómica”, al referirse al “recoveco legal de última hora que han encontrado PP y VOX donde se dice que esa ZBE no entrará a funcionar más que los días de alta contaminación en Zaragoza. “¿En serio? ¿En qué manos políticas estamos? ¿Qué vamos a tener que hacer los vecinos y vecinas de Zaragoza? ¿Abrir las ventanas todas las mañanas para ver si esa mañana hay cierzo en la ciudad y, por tanto, ha disminuido la contaminación? Es de una irresponsabilidad tremenda”.
Ha recordado que PP y VOX ya pactaron una ordenanza cuyas dimensiones “son ridículas, estableciendo un perímetro en el Casco Histórico de la ciudad donde la mayoría de calles son peatonales y, por tanto, prácticamente no circula ningún vehículo”.
Además, ha explicado “pueden entrar en esa Zona de Bajas Emisiones en la actualidad la práctica totalidad de vehículos existentes. Los únicos coches que no pueden entrar son los que no disponen de etiqueta ambiental, es decir, con la matriculación anterior al año 2001, es decir, coches que tienen más de 25 años. Y aun así, incluso pueden entrar durante 15 minuto, lo que también desmiente las afirmaciones de VOX cuando dicen que hay que comprar coches eléctricos para poder discurrir por esa zona”.
Giral también se ha referido al procedimiento sancionador, al recordar que Chueca estableció que la empresa concesionaria encargada de regular el movimiento de la zona azul y naranja sería la encargada de instalar las cámaras de videovigilancia para controlar la entrada y salida de las ZBE. “Se da la circunstancia que en ese pliego de condiciones se establece que esa empresa adjudicataria –a partir del próximo verano– tiene un plazo de hasta nueve meses para poder instalar dichas cámaras, con lo que nos iríamos a mayo del año 2027, coincidiendo con las elecciones”, ha concluido.
